Opinión

Cuestión de clases

Por: Mónica Díaz de Rivera

Hay ciertos acontecimientos en la vida en que una muger puede sacrificar la existencia de su hijo por salvar la suya ó por conservar las ilusiones de su fama o reputación. Una casada, por ejemplo, que en una larga ausencia del marido tiene la desgracia de comprometerse con otro hombre y salir embarazada, si al llegarle el parto se le presenta inopinadamente aquel, puede en el torbellino de las pasiones que deben agitarle acabar con el sér que dá á luz para salvar su vida y la nota ideleble de deshonor y de infamia que la cubriría eternamente. Una joven honesta que arrebatada de una pasión se entrega inadvertidamente á un amante y tiene semejante desgracia, puede por salvar su honor y su decoro, y por evitar las consecuencias del justo enojo de sus padres ó de las personas á cuyo cargo se halla y cuya vigilancia ha burlado, abandonar á su hijo o hacerlo perecer si no tiene otro arbitrio para salir de una situación tan crítica.

Estas son palabras tomadas de una acusación fiscal pronunciada en la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia por el ministro Don José María Casasola, en la causa instruida contra Vicenta Bonilla y Rosario Cortés, por infanticidio perpetrado en la noche del 30 de abril de 1850.

Vicenta Bonilla, soltera, de 17 años, vecina de un bodegón ubicado en el barrio de la Merced, a consecuencia de “las relaciones ilícitas que tuvo con un hombre”, quedó embarazada y buscó la ayuda de un médico, Domingo Figueroa, con el pretexto de una inflamación del vientre. El facultativo prescribió una receta que tomó, según consta en la acusación, en alta dosis, lo que le provocara un aborto. Se trataba, según se anota en el texto, de una bebida y una untura. La muchacha y su madre, en calidad de cómplice, fueron apresadas y llevadas a juicio. El argumento: que su calidad moral y baja calaña las hacía culpables por ser gente del pueblo y de no reconocida estirpe, que la liviandad de la mujer y su mala reputación la hacían responsable de un crimen atroz. En el caso de esta indigente, “no corría peligro su vida, no esponía su reputación, no se hallaba agitada de una fuerte pasión o de otro terror pánico que alterase sus potencias mentales y le quitase la deliberación tan sólo por arrojar la carga que ella sola se había echado encima por su liviandad”.

El abogado pidió para la adolescente “la pena del último suplicio” y, para la madre, 10 años de trabajos forzados en la cárcel. La sentencia, dictada dos años después, libera a la madre de cargos y, en el caso de Vicenta, por ser menor de edad, se le condena a 10 años de cárcel. En todo el documento, no existe mención al hombre que embarazó a la muchacha.

Ciento setenta años después, las cosas no han cambiado mucho: mujeres mexicanas pertenecientes a todas las clases sociales, practicantes o no de las diferentes religiones y/o creencias, adolescentes y adultas, rurales y citadinas, casadas y solteras, se practican abortos diariamente, en su mayoría bajo el cobijo de la clandestinidad. Al igual que en 1850, las privilegiadas por su posición social y económica viajan al país vecino a internarse en una clínica de lujo y abortar sin dificultad o sanción alguna. Recordemos que, en la mayoría de los estados pertenecientes a la Unión Americana, el aborto es legal. Al igual que en 1850, las mexicanas de bajos recursos abortan en condiciones de insalubridad, poniendo en riesgo su propia vida y son sujetas, por lo general, a la sanción y el castigo.

El Instituto Alan Guttmacher calcula que, anualmente, se realizan 4.5 millones de abortos en el mundo, la mayoría en condiciones insalubres; mientras que la Organización Mundial de la Salud advierte que, en Latinoamérica, por cada mil mujeres en edad reproductiva, se practican 30 abortos inseguros y, el 21% de las muertes maternas corresponde a complicaciones por procedimientos clandestinos.

En 1990, el Movimiento de Mujeres instauró, dentro del marco del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se llevó a cabo en San Bernardo, Argentina, el 28 de septiembre como el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, como una muestra de protesta y solidaridad femenina.

Hoy hace veintiocho años que miles de mujeres a lo largo y ancho de nuestro continente levantamos la voz todos los días y exigimos, cada una en su país de origen, pero todas unidas, que gobernantes y ciudadanía tomen conciencia del problema de salud pública que representa el aborto. De igual manera, pedimos la tolerancia y el respeto hacia la moral como un asunto que pertenece al campo de lo privado. El primado corresponde a la conciencia y luego a todo lo demás.

Hoy, 28 de septiembre, es necesario reflexionar sobre el tema.