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FGE y el valor social de la información

Por Shanik David

Hace unos años leyendo unos textos de la expresidenta del IFAI, Jaqueline Peschard, me topé con la idea del “valor social de la información”, y desde entonces, cada vez que doy alguna plática sobre transparencia lo tengo que mencionar, porque considero que es una visión que hace falta tener presente como ciudadanía participativa.

En términos generales, este concepto se refiere a cuando la información puede ser usada para el bien común, ya sea por medio de organizaciones de la sociedad civil o comunidades organizadas; es decir que esta no se quede sólo en los documentos obtenidos, sino que sea aprovechada para mejorar las condiciones sociales.

Lo sé, es muy idealista, principalmente cuando nos topamos con dificultades institucionales para recibir información y, en ocasiones, cuando logramos acceder a los datos que buscamos, éstos nos generan más dudas que certezas.

Esto nos pasó en el Observatorio de Transparencia Con los Ojos Abiertos hace unas semanas. Uno de los chicos que colaboraron durante el período de Primavera 2021 solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) estadísticas sobre las denuncias presentadas por delitos contra la intimidad sexual de enero de 2019 a enero de 2021. La solicitud se tuvo que  hacer dos veces, pues en el primer intento el organismo estatal señaló que no entendía a qué se refería la solicitud en un punto en el que se preguntó “cuántas de las denuncias procedieron y cuántas fueron desechadas”.

Para principios de mayo al fin recibimos la información, en PDF a pesar de que se pidió en formato de datos abiertos, y la trabajamos para una nota que ya fue publicada en el portal. Sin embargo, al trabajar los datos, observamos algunas anomalías en cuanto a las cifras de la Fiscalía.

Por ejemplo, en 2020 otro estudiante hizo una solicitud similar, y en ese entonces se le informó que en todo 2019 se habían recibido 91 denuncias por delitos contra la intimidad sexual en el estado de Puebla; en la respuesta que se nos dio en mayo de 2021, sólo se reportaron 79 denuncias durante 2019. La pregunta fue redactada de manera similar, se presentó con un año de diferencia, y el número de denuncias se redujo “misteriosamente”.

Lo mismo sucede si se comparan estos datos con el reporte público de incidencia delictiva de la Fiscalía, los datos no concuerdan, lo cual genera muchas dudas con respecto al número de casos o la forma de registro de éstos.

Otro elemento que llamó la atención en la respuesta que se obtuvo es que se pidieron los casos desglosados por municipio y por edad de la persona denunciante, pero los datos se entregaron concentrados y revueltos, lo cual no ayuda a hacer un mapeo claro de la situación.

Algunos pensarán “ok, ¿y esto en qué afecta?”. Pensemos por un segundo que la persona que hizo esta solicitud no fuera un estudiante, sino alguien que forma parte de una organización social que busca datos para generar una estrategia para prevenir la violencia digital entre adolescentes, quienes, de acuerdo con los datos obtenidos, son los que más denuncias presentaron.

La información tal y como la entregó la Fiscalía no serviría, porque no podemos identificar de manera clara en dónde están  las y los jóvenes afectados por este tipo de conductas, sabemos que son bastantes, pero no se pueden focalizar los ejercicios en las comunidades que tal vez más lo necesiten.

Podrán argumentar que la pregunta estuvo mal estructurada, pero se usó la misma redacción que en solicitudes anteriores, y en las respuestas sí se detallaron los datos como se había pedido, sin embargo, en esta ocasión parece que no entendieron.

Otros dirán “si es una ONG debería ponerlo en la solicitud”, pero no, hay que recordar que no se debe acreditar interés jurídico ni se debe dar explicación o justificación sobre la información que se pide, como ciudadanía tenemos el derecho de pedir información y las autoridades la obligación de entregarla.

El valor social de la información no es algo que sólo debemos impulsar desde la sociedad, sino que los funcionarios de gobierno deben también apropiarse de este concepto, entender que la información es un bien público, y que todos deberíamos poder aprovecharla.

En particular en un tema tan sensible como la violencia digital, la cual si bien es una conducta que fue tipificada hace poco en el estado de Puebla, tiene un impacto importante en los adolescentes, como se puede ver en las estadísticas a las que se pudo acceder, que reflejan que son menores de 18 años quienes concentran la mayor cantidad de denuncias.

Y me gustaría decir que este es el único caso que nos hemos  encontrado en el que la Fiscalía ha mostrado poca sensibilidad en el manejo de datos relacionados con temas de género, pero por desgracia no lo es, ahorita tenemos un caso  en proceso de análisis en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) que una vez resuelto les daremos a conocer.

Además, en fechas recientes ha quedado evidenciado que la Fiscalía tiene cierta resistencia para atender las demandas ciudadanas en temas de violencia de género, como se pudo ver el pasado 21 de mayo, cuando familiares de Zyanya Estefanía Figueroa y activistas fueron  violentados por personal de este organismo, por lo que, tristemente, no sorprende que también haya un manejo inadecuado de las cifras sobre casos de este tipo.

Es necesario que las autoridades, en este caso la FGE, que es la que está en el centro de estos ejemplos, se abran a la sociedad civil, que faciliten el acceso a información que pueda ser aprovechada para la prevención de la violencia de género en sus diferentes modalidades, se debe entender que las organizaciones sociales, activistas y las personas en general que tienen interés sobre estos temas no son el enemigo, sino que buscan formas de involucrarse y participar.

Si  funcionarias y funcionarios tuvieran sensibilidad, entendieran este valor social que tiene la información, se podrían evitar los obstáculos, los retrasos, los recursos de revisión y las frustraciones, todo fluiría de manera más fácil, y estos datos podrían transformarse en acciones para el bien de la sociedad.

Pero insisto, esto es idealista, por desgracia las dependencias no han dado el paso de pensar en el bien común cuando reciben una solicitud de información.

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