Notas

¿Qué ha pasado después del acuerdo migratorio entre México y EU?

@IMUMIDF 
Fotografía tomada de En el Camino.

El pasado 22 de julio se cumplieron los 45 días del Acuerdo firmado entre México y Estados Unidos, en el que el gobierno mexicano se comprometió a frenar la migración, desplegar la Guardia Nacional en las fronteras y aceptar la devolución a México, de solicitantes de asilo en Estados Unidos. Las medidas aplicadas reviven tratos discriminatorios que violan los derechos de las personas migrantes en niveles que no se veían desde 2006. He aquí algunas de ellas:

  • La detención de más de 50 mil niñas, niños y adolescentes, quienes en su mayoría han sido deportados sin respetar su Interés Superior como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
  • La ocupación de fondos de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias
  • El registro de 100 mil 861 eventos de detención de enero a junio del 2019 –la mayoría terminó en una deportación, sin acceso efectivo al asilo
  • El nulo fortalecimiento a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) pese a que en los primeros seis meses del año ha recibido 30 mil solicitudes –tres veces más que en el mismo periodo de tiempo del 2018
  • Las 20 mil personas varadas en la frontera norte sin acceso al asilo y en condiciones de vulnerabilidad –sin trabajo, ni cobertura de sus necesidades básicas.
No hay política pública para refugiados

Por su parte, la Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C. y Families Belong Together México han señalado cómo, tras la imposición del gobierno estadounidense del Protocolo “Quédate en México” -el pasado 20 de diciembre del 2018-, se está dejando a las personas solicitantes de asilo en EUA en un estado de indefensión y vulnerabilidad.

Esto debido a que no existe una política pública integral para atender a esta población, ni de sensibilización entre la población mexicana para evitar reacciones xenófobas, como las que ya están ocurriendo.

Al tiempo, se ha incrementado la criminalización de personas defensoras de los derechos humanos de la población migrante, a través de detenciones arbitrarias y judicializaciones injustificadas. Las casas y albergues de migrantes, desde donde se proporciona ayuda humanitaria, han sido objeto de hostigamiento y amenazas directas por parte de los agentes de la Guardia Nacional.

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil del sur, centro y norte de México hacemos un llamado al gobierno mexicano para no ser coparticipe de actos que impidan el acceso al derecho a solicitar asilo en EUA; a diseñar una estrategia clara e integral para proteger a la población solicitante de asilo en EUA que ha aceptado sea devuelta a México y; a dar un tratamiento civil a la política migratoria y abstenerse de imponer como práctica generalizada la privación de la libertad de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Para más información visita: http://imumi.org/

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