Opinión

Las mujeres de Atenco: una lucha por la verdad y la justicia

Ser mujer y vivir sin violencia: Día Internacional de la Eliminación de  Violencia contra las Mujeres

 Por Ingrid Van Beuren 

“La violencia sexual contra las mujeres y las niñas tiene su raíz en siglos de dominación masculina. No olvidemos que las desigualdades de género, que alimentan la cultura de la violación, son esencialmente una cuestión de desequilibrio de poder”, alertó António Guterres, Secretario General de la ONU, en su mensaje del 25 de noviembre, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Esta contundente declaración pone de relieve la violencia que afecta a millones de mujeres, así como los miles de feminicidios y desapariciones en nuestro país, dando aún más sentido a la conmemoración internacional para eliminar la violencia contra las mujeres.

En la Ciudad de México se organizó una vez más una marcha a lo largo del Paseo de la Reforma, que culminó en el zócalo con una participación de unas 5,000 mujeres. El contigente esutvo integrado por distintos colectivos contra la desaparición y los feminicidios, universidades, organizaciones de derechos humanos y grupos de mujeres de varios municipios de la Ciudad y del estado de México. 

A través de mantas, consignas, discursos, actos simbólicos, declaraciones, pliegos petitorios e, incluso, actos vandálicos por parte de algunas encapuchadas (a las cuales medios de comunicación dedicaron más espacio, por el amarillismo de la nota, que al sentido profundo de la marcha), las mujeres expresaron su hartazgo contra un Estado incapaz de actuar ante la violencia de género (hay impunidad en más del 95% de los delitos denunciados) y una sociedad indiferente, a menos de que algo grave ocurra en su círculo cercano. 

Esta manifestación, resguardada por primera vez por cuerpos de seguridad exclusivamente femeniles -que no llevaban armas ni toletes-, y durante la cual se cuidó mucho que no hubiera represión, es sólo una expresión de muchísimos esfuerzos, tanto internacionales (la campaña UNETE, de ONU Mujeres) como nacionales (NiUnaMenos o RompiendoelSilencio), que buscan sensibilizar, alertar y organizar a la sociedad para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Existen 12 Instrumentos Internacionales en materia de Derechos de la Mujer por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Muchos de ellos han servido de base para fundamentar y elaborar otros instrumentos jurídicos a nivel interamericano y nacional. Prácticamente todos han sido ratificados por el Estado mexicano, lo que lo obliga a respetar estos instrumentos, así como adecuar sus normas jurídicas a nivel federal y local. 

Son estos recursos, junto con el activismo y la lucha cotidiana por cambiar las relaciones de poder en el ámbito publico y privado, los que pueden favorecer un cambio en la situación de violencia en la que se encuentran las mujeres.

Cabe recordar el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (1993), que define violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida publica como en la privada”. El artículo 2 enlista dichos actos.

Como ejemplo de estos esfuerzos para acabar con la violencia hacia las mujeres y para conmemorar este 25 de noviembre, quiero recordar el caso de las mujeres de Atenco, tanto por su relevancia en términos de un proceso jurídico (iniciado a partir de hechos ocurridos en el 2006) como por la tenacidad del activismo de las mujeres involucradas, que abrieron brecha para que muchas otras se incorporaran y perdieran el miedo para defender sus derechos. 

El 3 y 4 de mayo de 2006 policías municipales, estatales y federales realizaron operativos en San Salvador Atenco, estado de Mexico (mientras era gobernador Enrique Peña Nieto), para reprimir a manifestantes que se oponían al desalojo de floricultores de la zona y que bloquearon la carretera que une a Texcoco y Lechería. Durante esos operativos detuvieron a 11 mujeres, las cuales fueron sometidas a tortura sexual al momento de su detención y traslado al Centro de Readaptación Social. 

Durante 13 años estas mujeres, a las que se incorporaron muchas otras -sobre todo a partir del 2014 con la campaña Rompiendo el Silencio-, llevaron a cabo una lucha para reclamar la verdad y la justicia, además de la reparación de los daños sufridos. 

El proceso de las denuncias penales e investigaciones fue largo. El Centro de Derechos humanos Miguel Agustin Pro acompañómujeres de Atenco primero a nivel estatal y federal, luego llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual reconoció la tortura sexual que sufrieron.

En 2016 la CIDH adoptó el Caso Mujeres Víctimas de tortura Sexual en Atenco vs México. El 28 de noviembre de 2018, incluso, emitió una sentencia contra el Estado mexicano, donde concluyó que los policías abusaron del uso de la fuerza de manera ilegítima, innecesaria, excesiva e inaceptable. 

La sentencia emitida por la Corte, máximo órgano de justicia del Continente Americano, responsabilizó al Estado mexicano por este abuso de fuerza sin regulación, supervisión o monitoreo contra mujeres que realizaban conductas completamente pacificas. Analizó y calificó la violencia sexual como actos constitutivos de tortura, una de las formas mas graves de violencia de género, y también como una forma intencional de control social represivo con el fin de intimidar a quienes se manifestaron.

El Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en el caso, pero sigue pendiente el cumplimiento de la sentencia, la cual pone como límite el fin del año 2019 para realizar una serie de acciones, con miras a la reparación del daño a las víctimas. Entre estas acciones destaca el realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, de disculpas públicas ante las víctimas y la garantía de no repetición. 

Esta sentencia tiene un alcance enorme, empezando por el jurídico ya que expone al Estado mexicano como responsable de tortura sexual y lo obliga a cumplir los compromisos adquiridos a nivel internacional. También representa un avance en el reconocimiento de la protesta pacífica como un derecho y la represión del Estado como un delito. 

La lucha de las mujeres contra la impunidad y contra el olvido, a favor de la verdad y la justicia, se manifiesta cada vez más fuerte, con más contundencia. Las marchas mismas son reflejo de esta lucha, de ese grito que el Estado y la sociedad ya no pueden dejar de escuchar.

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